Es fundamental reconocer e impulsar mediante la dotación de financiamiento (proyectos de inversión) las prácticas que realizan las mujeres indígenas en nuestro país a fin de sostener la vida de nuestros ecosistemas y de familias vulnerables ante el cambio climático.
El Perú está relacionado con compromisos internacionales referidos al cambio climático hace cerca de 30 años en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río, en la cual se suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Si bien este documento no hace referencia explícita a los impactos en las mujeres y los pueblos indígenas en particular, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLCD), también suscritos en dicha oportunidad, sí hacen referencia a la importancia de la participación de las mujeres (específicamente en las zonas rurales) en la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos referidos a la sequía.
Existen estudios que evidencian el importante vínculo de las mujeres con el agua, en particular en relación con las decisiones prioritarias que dan las mujeres al consumo del agua con fines de cuidado (aseo, cocina, salud, entre otros) frente a las decisiones de uso productivo de sus pares masculinos. En este sentido, haciendo referencia a las actividades de cuidado que culturalmente asumen las mujeres en las familias, en nuestro país son las mujeres quienes asumen en su mayoría la responsabilidad del recojo de agua en un 62.5% en la zona rural y 53.7% en la zona urbana (ENDES, 2018). Sin embargo, su participación en las decisiones sobre el uso de la naturaleza, sus bienes y servicios no es suficiente: por ejemplo, las mujeres a nivel local, en las autoridades administrativas del agua, no registran presencia (mujeres 0%); esta se incrementa a nivel regional y de cuenca, llegando a ser el 17% las mujeres en las presidencias de los consejos de cuenca (Remy, 2020).
La CNUDB reconoce a la mujer y su participación como clave en la conservación de la diversidad biológica y resalta la importancia de involucrarla en la formulación, planificación y ejecución de planes, programas, acciones y políticas que se encaminen hacia la conservación del ambiente. Y es en ese sentido que nuestro país hace unos años ha desarrollado diversos planes y políticas como el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento, donde se enuncia la importancia de reconocer el aporte, conocimientos, prácticas de las mujeres indígenas en la conservación; sin embargo, durante los últimos cinco años, de los proyectos de inversión pública referidos a adaptación y mitigación ante el cambio climático aproximadamente cerca del 0.3% de ellos involucra explícitamente (en sus fichas de proyecto) a las mujeres y el 0.4% incluye un enfoque intercultural (Alfaro, 2020a); por lo tanto, se dice inclusión pero no se evidencia inversión.
Hay mucho que aprender del trabajo de las mujeres indígenas de nuestro país y el vínculo que han “tejido” en su territorio, donde depositan su trabajo y creatividad (territorio – proveedor), que es fuente de su cultura y espiritualidad (territorio – identidad) y donde depositan sus esperanzas a favor del buen vivir y la vida plena (territorio – futuro) (sistematización del trabajo de Onamiap, en Alfaro, 2020b). Existe pues, una 'relación intra-seres' una identificación del ser humano en relación con su territorio, un “ser – estar – pertenecer” (Silva Santistevan edit, 2019). Así pues, sus prácticas productivas no se alejan de los criterios reproductivos o de cuidado y están relacionadas con la reforestación y provisión sostenible del bosque, siembra y cosecha de agua, mantenimiento de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, gestión de semillas; entre otras, que suponen acciones concretas de adaptación y mitigación ante el cambio climático.
Sin embargo, son quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad; según el último Censo, de cada cinco mujeres en el Perú una es indígena. Vulnerabilidad desde lo económico; es decir, en la zona rural el 42.1% es pobre frente a un 14.4% en la zona urbana; las diferencias se acentúan en la sierra rural (46.1%) y la selva rural (38.3%). En 2018, de las personas que tenían como lengua materna el quechua, aimara u otras lenguas originarias eran en promedio 32.4% pobres (de ellas, el 5.5% se encuentra en pobreza extrema) mientras que si su idioma materno era el castellano solo 17.5% era pobre (menor que la media); este dato se incrementa en la zona rural donde el 44.5% de las personas en situación de pobreza tiene como lengua materna alguna de las lenguas originarias (INEI, tomado de Alfaro 2020b). Vulnerabilidad desde lo ambiental, nuestro país presenta siete de las nueve características de vulnerabilidad ante el cambio climático indicadas en la CMNUCC; es así que en el Perú el 10.6% de las personas pobres se abastece de agua para consumo procedente de ríos, acequias, manantiales, lo que evidencia la dependencia de la naturaleza que tiene un grueso de personas en nuestro país como fuente no monetaria de consumo. Por lo tanto, es fundamental analizar la naturaleza, la provisión de la naturaleza a la seguridad alimentaria de las familias y enfocar esfuerzos financieros para hacer frente en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, lo que debe incluir a las mujeres indígenas, sus saberes, voces y prácticas.
(Fotos: Oxfam)
